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martes, 19 junio 2018
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URGENTE

A juicio por vender droga a menores en La Carolina

Presuntamente, la mujer tenía en su casa una plantación
  • Fachada del Juzgado de lo Penal de Jaén.
    Fachada del Juzgado de lo Penal de Jaén.

Magdalena G. C., una vecina de La Carolina, tiene mañana una cita con la Justicia. Debe sentarse en el banquillo del Penal número 2 para responder de un delito contra la salud pública. Presuntamente, se dedicaba al tráfico de sustancias estupefacientes. Además, la Fiscalía sostiene que vendía drogas a menores, por lo que pide el máximo castigo para ella: cuatro años de cárcel. Del mismo modo, el Ministerio Público también acusa a Magdalena de un delito de receptación porque, presuntamente, aceptaba como pago de la mercancía objeto que los compradores habían robado con anterioridad. Por este segundo hecho, se enfrenta a una petición de un año más de prisión.

El escrito de acusación sitúa los hechos en los primeros meses del año 2016, cuando la Guardia Civil de La Carolina tuvo conocimiento de que la acusada podría estar dedicándose a la venta de estupefacientes en el municipio. Cuando reunieron los indicios suficientes, los investigadores solicitaron al juez instructor una orden de entrada y registro. Les fue concedida el 16 de junio de 2016. Los agentes inspeccionaron la vivienda de la procesada y encontraron cogollos de marihuana y una maceta. La Fiscalía cuantifica la sustancia en 532 gramos. Así, en uno de los dormitorios, hallaron también cuatro bombillas alargadas, cuatro planchas metálicas y un tamizador artesanal.

El Ministerio Público asegura que Magdalena G. C. tenía entre sus clientes a adolescentes menores de edad. “La acusada les ha comprado joyas y frascos de perfume sustraídos por estos a sabiendas de su procedencia ilícita, pagando por ellas una parte en dinero y otra en sustancias estupefacientes”, explica, de forma literal, el escrito de acusación provisional de la Fiscalía.

Por ello, solicita una condena total de cinco años de cárcel para la procesada, más el pago de una multa de 6.000 euros. Se trata del máximo castigo que contempla el Código Penal para los delitos contra la salud pública con sustancias que no causan grave daño a la salud. [R. A.]